La historia de Buenaventura no se escribe con más tinta en documentos CONPES ni con vigencias futuras atrapadas en el papel, sino con la voluntad política de romper el ciclo de la improvisación.

Garantizar el agua potable 24/7 no es un favor institucional, sino una deuda histórica insostergable. Y los porteños, que han aprendido a descifrar la sed entre promesas y grifos vacíos, ya no aceptan paños de agua tibia: exigen tuberías que funcionen, obras que sirvan y justicia social más allá de cualquier temblor político.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) ha sido la herramienta con la que el Estado colombiano intenta diagnosticar, prometer y financiar la salvación hídrica del puerto más importante sobre el Pacífico. Sin embargo, al contrastar los titulares de cada época con la sequía crónica de las comunas, surge la pregunta implacable del periodismo de investigación: ¿Qué tanto se ha invertido y qué tanto se ha cumplido?

La década de los 90, privatización y CONPES 2861 de 1996: sentó las bases para trasladar la gestión de los servicios públicos domiciliarios a manos de operadores privados bajo la promesa de eficiencia y capital fresco. La promesa para Buenaventura: la salvación del acueducto radicaba en ceder su administración a esquemas de concesión. Pero, la realidad de la corrupción local y la debilidad institucional no prosperó: Hidropacífico S.A. ESP por 20 años estuvo lejos del prometido desarrollo.

Los años 2000, Paro Cívico y el CONPES 3410 de 2006: “Política de estado para mejorar las condiciones de vida de la población de Buenaventura”, reconociendo, por primera vez, de manera transversal la deuda social del Estado con el territorio. La promesa para Buenaventura: Diseñar un plan integral de choque para infraestructura vial, portuaria y de servicios públicos básicos que frenara la marginación histórica, pero quedó atrapado en el papel. Las prioridades giraron en torno a la competitividad del comercio exterior y la ampliación de los muelles, mientras los barrios periféricos seguían abasteciéndose de agua con carrotanques.

La era moderna: El CONPES 3955 (2018): Tras el histórico Paro Cívico de 2017 que paralizó al puerto por más de 20 días exigiendo dignidad, el Gobierno respondió con el documento enfocado en dotar de recursos los acueductos urbano y rural, además del alcantarillado. La promesa para Buenaventura: Garantizar una hoja de ruta financiera con aportes de la Nación para blindar los proyectos de saneamiento básico y sacarlos del manejo politiquero local. Aunque se estructuraron diseños y se movieron partidas iniciales, la ejecución tropezó con la incapacidad técnica del operador con mayor capital estatal, SAAB S.A., hoy SAAAB SAS, la rotación excesiva de gerentes, la corrupción en contratos menores y las tuberías sufriendo roturas monumentales, el anhelado suministro continuo se quedó en las diapositivas de los ministerios.

El reimpulso postpandemia, El CONPES 4053 (2021): En medio de los estragos de la pandemia la “Declaración de Importancia Estratégica” buscaba inyectar un nuevo aire a la financiación. La promesa para Buenaventura: Destrabar vigencias futuras y asegurar flujos de caja constantes que impidieran la paralización de las obras de saneamiento básico ya iniciadas. Sirvió como un salvavidas jurídico, pero la ejecución física en terreno avanzó a paso de tortuga. Los sobrecostos, los pleitos jurídicos con contratistas y la falta de articulación entre el orden nacional y el distrital mantuvieron los grifos secos.

El horizonte actual: El CONPES 4185 (marzo) y la prueba de fuego de 2026: Política para el Desarrollo Integral del Pacífico con una inversión indicativa superior a los $12.3 billones para cerrar brechas históricas en la región, priorizada Buenaventura con una inversión específica $274.719 millones proyectados hacia 2035 para agua potable y saneamiento básico. Como garantía, el DNP expidió la Resolución 1765 del 5 de junio de 2026, aprobando un traslado presupuestal inicial de $43.195 millones para la vigencia. La promesa para Buenaventura: Blindar los recursos a través de esta articulación entre la política macroregional y los instrumentos de importancia estratégica para financiar las tres fases.

La historia de los CONPES en el puerto se lee como un ciclo interminable de esperanza y frustración: cada década el Estado redacta un nuevo documento rimbombante, promete miles de millones y reconoce deudas históricas; sin embargo, los recursos se diluyen entre la maraña de la contratación politizada, la ineficiencia institucional y los elefantes blancos.

Para los bonaverenses, que han aprendido a descifrar la sed en medio de promesas gubernamentales y tuberías vacías, los documentos de política pública ya no son una garantía. Como reza el clamor ciudadano que hoy guía este reportaje: exigen tuberías que funcionen, obras que sirvan y justicia social, más allá de cualquier temblor político o decreto archivado.

En Buenaventura los millones han entrado y salido de los documentos CONPES sin que el agua 24 horas sea una realidad en los grifos. Haciendo el balance histórico desde los noventa hasta este presente de 2026, se ha invertido inmensas sumas de dinero en estudios, consultorías y documentos de papel, pero el cumplimiento real en los hogares es mínimo.

Las obras técnicas críticas que el puerto lleva décadas esperando incluyen la optimización de la fuente en el río Escalerete, la modernización de la red matriz de conducción y la sectorización hidráulica urbana, con la meta de alcanzar por fin el suministro continuo de agua 24/7. Si bien los dineros iniciales ya cuentan con el respaldo jurídico, el panorama sigue bajo aguda sospecha: las obras se debaten en procesos de contratación, demoras licitatorias y la incertidumbre sobre si este nuevo paquete logrará romper el muro de la ineficacia administrativa o se sumará a la lista de salvavidas de papel.