EL ESTADO AVANZA EN GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DEL PERIODISMO LIBRE DE VIOLENCIAS DE GÉNERO EN EL PAÍS

Jineth Bedoya Lima, beneficiaria de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en octubre del 2021, y el ministerio de Igualdad y Equidad presentaron oficialmente el Fondo “No Es Hora De Calar”, decreto 0277 de 2026, una herramienta de política pública orientada a prevenir la violencia de género y fortalecer la protección de mujeres periodistas y comunicadoras populares en Colombia.

“Este fondo no repara mi vida, ni borra lo que me ocurrió en las puertas de la cárcel La Modelo hace 24 años. Pero este fondo le da sentido a mi dolor. Saber que las lágrimas, el miedo y la persecución hoy se transforman en una herramienta para que otras mujeres periodistas no tengan que calar, es la verdadera justicia para mí”: Jineth.

Mayo es un mes que guarda muchos días para conmemorar y celebrar. Desde la libertad de Prensa, el 3; pasando por el día las madres, segundo domingo; la virgen, el 13 y 24; la ascensión del Señor, el 14; el maestro, el 15; la afrocolombianidad, el 21; y se recordará como el 19 del 2026 se realizó el homenaje vivo a la periodista Jineth Bedoya Lima, en el teatro Colón de Bogota.

Apenas unos días antes de recordar que, el 25 de mayo del 2000 cuando investigaba para El Espectador una red de tráfico de armas, desapariciones y asesinatos y salía de la cárcel Modelo de Bogotá, su vida y la de periodistas mujeres cambió radicalmente en Colombia.

Las 16 horas siguientes desde las 10:00 a.m. cuando un hombre y una mujer la obligaron subirse a un carro se relata en muchas historias que hoy son libros, crónicas, parte de expedientes y declaraciones que han recogido jueces, fiscales y magistrados por años, pero que es el insumo valioso de su resiliencia y lucha por justicia, reparación y reconocimiento de valor y entrega a la causa de un periodista: no descansar hasta que se sepa la verdad o que el juicio de la razón.

Fueron décadas de un proceso que pasó por la inoperancia local, amenazas sistemáticas y una revictimización constante, hasta convertirse en un hito que legó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Durante los primeros once años, el caso estuvo prácticamente LA CORTE IDH archivado y pasó por las manos de cinco fiscales diferentes. El sistema judicial la obligó a relatar las violaciones y torturas que sufrió en múltiples ocasiones, por más de 12 declaraciones oficiales. Solo cuando el caso empezó a ganar presión mediática internacional y el colectivo de periodistas y organizaciones presionaron al Estado, la Fiscalía General de la Nación declaró el crimen como delito de lesa humanidad.

Tres personas fueron condenadas: Mario Jaimes Mejía, alias “El Panadero”, en 2016 a 28 años; Alejandro Cárdenas Orozco, alias “JJ”, inicialmente en 2016 a 11 años por secuestro y tortura y, posteriormente, en 2019 se le suma a 30 años de prisión al demostrársele el delito de violencia sexual; y Jesús Emiro Pereira Rivera, alias “Huevoepisca”, en mayo de 2019 a 40 años y seis meses de prisión como coautor de los delitos de secuestro, tortura y acceso carnal violento.

A pesar de estas condenas y por falta de justicia en su caso, Bedoya Lima demandó al Estado colombiano ante la Corte IDH ,en 2011. En 2014 se publicó la declaración de admisibilidad y el 7 de diciembre de 2018 concluyó que el Estado era responsable de la violación de múltiples derechos humanos de Jineth y de su madre, Luz Nely Lima emitiendo recomendaciones urgentes de reparación que el Estado ignoró.

Pero, la sentencia histórica legó el 18 de octubre de 2021 con el falo definitivo de la comisión de la Corte IDH: condena internacionalmente al Estado colombiano por acción, omisión y complicidad en el secuestro, tortura y abuso sexual de Jineth Bedoya Lima.

LA CORTE IDH

• Determinó que existieron “indicios graves y concordantes” de que agentes del Estado (incluyendo personal de custodia de la cárcel La Modelo y estamentos policiales) colaboraron activamente con los paramilitares para ejecutar el crimen.
  
• Obligó a Colombia a diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y un fondo público destinado específicamente a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.
  
• Ordenó la creación del Centro de Memoria y Dignidad “No es hora de calar” para educar y visibilizar la violencia sexual en el conflicto armado colombiano.