A la fecha, las EPS intervenidas adeudan al Valle del Cauca una cartera superior a los $7 billones tanto para instituciones de salud públicas como privadas.
Ante la jurisdicción contenciosa administrativa, fue interpuesta por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, una Acción Popular con la que se busca garantizar el derecho a la salud de los vallecaucanos ante la crisis humanitaria que vive el departamento y que se agudiza por la falta de pago a la red pública y privada por parte de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional.
Esto ha generado el cierre de 2.000 servicios, la pérdida de 2.400 empleos y un colapso por sobreocupación en la prestación de servicios y en el suministro de medicamentos.
“Durante meses hemos insistido, hemos hecho seguimiento y hemos buscado soluciones, pero la realidad que viven miles de familias nos obliga a actuar. Esta no es una pelea política. Es una defensa de la vida, de la dignidad de los pacientes y de los recursos públicos que deben llegar a donde más se necesitan: a la atención de la gente”, dijo Dilian Francisca Toro frente a esta acción constitucional.
De acuerdo con la mandataria, con la Acción Popular ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, “le pedimos a la justicia medidas urgentes para garantizar la entrega oportuna de medicamentos, el pago de las deudas que tienen en crisis a nuestros hospitales y un seguimiento permanente para que los compromisos se cumplan”.
La medida se suma a la declaratoria de emergencia humanitaria en salud y a la advertencia hecha por la gobernadora sobre el impacto generado por la falta de oportunidad en los pagos y la insuficiencia de los recursos girados por las EPS intervenidas por el Gobierno nacional a clínicas y hospitales.
Esta situación pone en riesgo la continuidad en la prestación de los servicios de salud, al punto de que la red pública podría verse obligada a suspender la atención de usuarios afiliados a EPS como Emssanar, Coosalud y Asmet Salud.
La Acción Popular representa “mayor inmediatez a medidas cautelares que pueden evitar que estos derechos colectivos y sociales de la comunidad, que son inherentes a la misma salud, que incluso pueden conexar con el derecho a la vida, sean atendidos de una forma prioritaria, ya que los recursos en vía administrativa, ordinaria ante el Estado y ante el Ministerio de Salud, han sido insuficientes y esas autoridades no han dado respuesta a ese clamor que se está elevando”, explicó Diana Lorena Vanegas, directora del Departamento Administrativo de Jurídica.
Jornadas descentralizadas de salud que han llegado a los municipios sin costo para brindar atención con especialistas, así como la entrega de recursos económicos para el pago de nómina de los hospitales, han hecho parte de las acciones que desde el Gobierno Departamental se adelantan para garantizar la atención del servicio y la continuidad del mismo.
