La falta de la institucionalidad debe ser abordada por la Procuraduría General al no hacer presencia en la sesión especial (audiencia pública) citados por el Concejo Distrital.
La movilidad de la carga que sale y entra a Buenaventura ha perdido una oportunidad de eficiencia y aunque se hicieron esfuerzos desde los actores directos ni la Alcaldía, ni las entidades viales y ambientales del orden nacional, ni los ministerios y mucho menos de la Presidencia respondieron con su presencia a la sesión especial o audiencia pública convocada por el consejo Distrital.
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, ya había contestado a los concejales sobre la declaratoria de interés ambiental de una parte de los terrenos por donde se debería desarrollar la ampliación y obras complementarias como un parqueadero.
La Unión Vial Camino del Pacífico dirigió las respuestas a los interrogantes que los ediles enviaron a la concesionaria constructora del proyecto que incluye la doble calzada Buga – Loboguerrero – Buenaventura.
“Pese a los esfuerzos institucionales y sociales adelantados, no fue posible obtener una respuesta favorable que permitiera superar la oposición y viabilizar el inicio de las intervenciones conforme al alcance contractual previsto”: Unión Vial Camino del Pacífico.
El Estado le falló una vez más a Buenaventura y 450 mil millones que se invertirían para ampliar la calzada alterna expirarán del presupuesto para este fin, el 28 de febrero.
La vía conecta la actividad portuaria de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y la Terminal de Contenedores, TCBuen, con la doble calzada atravesando los consejos comunitarios de La Cuacana y Gamboa y los barrios Inmaculada, Santa Fe, Miramar, El Jardín, Los Ángeles, Brisas del Mar, Miraflores, Oriente, Isla de Paz, Gamboa, Ciudadela Nueva Buenaventura, Carmelita, Colinas del Norte, El Progreso, Camilo Torres y Carlos Holmes Trujillo.
El trayecto en mención se ubica en la vía alterna interna que después de más de seis meses no pudo iniciar obras ante las exigencias por el no cumplimiento a las comunidades de los consejos comunitarios de Gamboa y Caucana y 14 Juntas de Acción Comunal, que condicionan el avance a la resolución de compromisos ambientales pendientes por parte del Instituto Nacional de Vías, Invías, en el marco del expediente LAM 1912 y por inconformidades respecto al instrumento ambiental “PAGA” (Programa de Adaptación de la Guía Ambiental) en la ejecución de las actividades de mantenimiento, mejoramiento y construcción de la malla vial.
La audiencia se realizó, luego de solicitudes que hicieran entidades como el Comité Intergremial de Buenaventura y la Cámara de Comercio y que llamaran la atención entidades como la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística, Colfecar, que expresó que el plazo para llegar a acuerdos se vence el 28 de febrero, 540 días después de que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, declarara el evento eximente de responsabilidad las Unidades Funcionales 2, 3 y 4.
Se esperaba que en la audiencia no solo los participantes conocieran en detalle lo relativo a la obra a ejecutar, los pormenores del instrumento ambiental y los compromisos del Invías, concesionario Unión Vial Camino del Pacífico y la localidad sino una salida con las comunidades para que antes del plazo final se puedan salvar los recursos destinados.
Ni siquiera la Alcaldía de Buenaventura y los concejos comunitarios se hicieron representar en la audiencia pública. El desinterés por salvaguardar esta opción de desarrollo para Buenaventura fue general, salvo el CIB y la CCB que seguirán agotando recursos en dos días que faltan.
