Más de 150 organizaciones sociales, sindicales, étnicas y territoriales, reunidas en la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, presentaron ante el Comité DESC de la ONU su Informe Alterno sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Colombia. El informe destaca la distancia persistente entre la intención de orientar la política pública hacia los derechos humanos y la realidad de su deterioro progresivo en los últimos seis años.
El documento, que analiza el periodo comprendido entre 2018 y 2024 (gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro), concluye que, pese a ciertos avances normativos, el país mantiene brechas estructurales de desigualdad, pobreza, violencia y degradación ambiental. El informe fue entregado en la 78° Sesión del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) en Ginebra, Suiza.
“Los compromisos internacionales del Estado colombiano siguen sin traducirse en transformaciones reales para la vida de la gente. Persisten los rezagos en derechos básicos como la salud, la alimentación, la vivienda y el trabajo digno”, señaló Aura Rodríguez, vocera de la Plataforma y directora de Viva la Ciudadanía.
Según el informe, el Acuerdo Final de Paz de 2016 continúa siendo “una hoja de ruta para consolidar la paz y avanzar en reformas sociales necesarias”, pero su implementación sigue siendo insuficiente. Hasta noviembre de 2024, sólo el 34 % de sus 578 disposiciones había tenido un avance completo, mientras el 73 % de las medidas sobre reforma rural integral carecía de progreso significativo.
En salud, aunque la cobertura es del 98,5 %, el sistema atraviesa una crisis estructural: un patrimonio neto negativo de 10,2 billones de pesos y una deuda de 27 billones amenazan la sostenibilidad del modelo. “La deuda acumulada y la corrupción amenazan la atención oportuna de millones de familias que esperan por citas, medicamentos o tratamientos que nunca llegan”, afirmó Rodríguez.
Respecto al derecho a la alimentación, el 25,5 % de los hogares padece inseguridad alimentaria moderada o severa. El informe destaca que “la inseguridad alimentaria afecta con mayor intensidad a los hogares indígenas (46,2 %), afrocolombianos (39,3 %) y campesinos (35,4 %)”.
