469 CASOS DOCUMENTADOS POR LA FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA
En 2025, la violencia contra la prensa en Colombia no se midió solo en números, sino en el peso que dejó sobre quienes ejercen el oficio. Aunque la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 469 agresiones contra 305 periodistas —un 13% menos que en 2024—, la aparente reducción estadística no se tradujo en un entorno más seguro. Por el contrario, los ataques registrados durante el año tuvieron impactos más severos y persistentes en la vida de las y los periodistas, y en sus posibilidades reales de informar con libertad.
El efecto fue silencioso, pero profundo. En diferentes departamentos del país se configuraron escenarios de censura y autocensura, impulsados por el miedo a investigar temas sensibles: la gestión de funcionarios y recursos públicos, las dinámicas del conflicto armado, la seguridad ligada a estructuras criminales y las tensiones propias de la política local. En muchos casos, el riesgo no fue abstracto, sino una advertencia concreta sobre los límites de lo que podía —o no— publicarse.
A las amenazas y a los discursos estigmatizantes contra la prensa, en 2025 se sumó con fuerza una estrategia conocida y cada vez más recurrente: el acoso judicial. Demandas, tutelas y procesos penales se convirtieron en herramientas para frenar investigaciones incómodas, desgastar económicamente a las y los periodistas y medios, consumir su tiempo y minar su salud emocional. Más que buscar justicia, estas acciones tuvieron un objetivo claro: silenciar.
Las agresiones registradas no solo persistieron: escalaron. Los casos documentados por la FLIP confirman una tendencia hacia formas de violencia cada vez más directas y graves contra la prensa. En departamentos como Nariño y Córdoba, funcionarios públicos agredieron físicamente a periodistas que investigaban asuntos relacionados con su gestión. Ninguno de estos hechos derivó en sanciones ejemplares ni en medidas que enviaran un mensaje claro de no repetición.
El panorama se vuelve aún más alarmante con las agresiones de mayor impacto. En Quindío, el periodismo perdió a una de sus voces con el asesinato de Óscar Gómez Agudelo; en Guaviare, el periodista Gustavo Chicangana sobrevivió a un intento de homicidio; y en Cali, el edificio donde funcionan tres medios de comunicación (RCN Radio, RCN Televisión y La República) fue blanco de un ataque con explosivos. Estos hechos no ocurrieron de manera aislada: se inscriben en un contexto marcado por la falta de garantías para ejercer el oficio y por respuestas tardías o insuficientes de la institucionalidad frente a las amenazas contra la prensa.
Las consecuencias fueron inmediatas y dolorosas: 14 periodistas se vieron obligados a desplazarse forzosamente dentro del país para proteger sus vidas, y otros siete tuvieron que exiliarse en busca de seguridad. El silencio, una vez más, fue el costo impuesto a quienes intentaron informar.
Las cifras siguen siendo indispensables para dimensionar la magnitud de la violencia contra la prensa. Sin embargo, entender su verdadero impacto en la sociedad colombiana exige ir más allá de los números y centrarse en las historias, los miedos y las decisiones forzadas de las y los periodistas que han sido víctimas de estas agresiones.
Amenazas, estigmatizaciones y acoso judicial fueron las principales agresiones a las y los periodistas en Colombia, durante el año pasado. Acciones hostiles que, junto a un ataque con explosivos a un medio, un intento de homicidio y un asesinato, hablan de la severidad de los intentos por silenciar a la prensa.
