LA UNIDAD INVESTIGATIVA DE EL PAÍS CALI DESCUBRIÓ ADEMÁS QUE HAY VÍNCULOS CON EL NARCOTRÁFICO
Un informe especial del periódico caleño deja entre líneas la posibilidad que dineros provenientes del narcotráfico alimenten este millonario negocio que atenta contra el comercio legal, las finanzas de Colombia y, por supuesto, las bandas criminales que afectan la convivencia ciudadana y la paz en el puerto.
Detrás del silencioso, lucrativo y casi impune negocio del contrabando de aluminio en Colombia, subyace un entramado en el que confluyen testaferrato, fragmentación de empresas, documentación falsa, estrategias de evasión fiscal, una red de facilitadores en China y Ecuador y vínculos con exfuncionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Así lo denunció el excomandante de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) general (r) Juan Carlos Buitrago, fundador y SEO de la firma de consultoría Strategos BIP, quien aseguró, en diálogo con El País, que “definitivamente hay crimen organizado” en este negocio, que mueve alrededor de US$ 17 millones cada año y que tiene contra las cuerdas al comercio legal.
Aunque las cifras de la Dian aseguran que cerca del 10 % de la mercancía que entra a Colombia es de contrabando, en el caso de la perfilería de aluminio, utilizada mayormente en la fabricación de estanterías y ventanas en los grandes proyectos de construcción, los valores se elevan a más del 15 %, de acuerdo con comerciantes e investigadores de mercado.
La nota periodística de la Unidad Investigativa de El País incluye un ejercicio de cotizaciones de los precios para usuarios que establecen como los del aluminio de contrabando afecta al comercio legal cuando van de $ 1.513.734 del legal con impuestos a $ 798.000 “y no detalla en el documento el pago del IVA. Casi un 50 % menos de la cotización legal”.
También el diario hace referencia al informe “El contrabando técnico de aluminio: una fuga silenciosa” de la firma especializada en investigación Strategosbip: translate:https://www.strategosbip.com.
El análisis realizado por Strategos BIP reveló que, entre enero de 2024 y febrero de 2025, se identificaron indicios de contrabando técnico en 14.600 toneladas de perfiles de aluminio, dentro de un conjunto estudiado de 38.800 toneladas (14.000 correspondientes a la partida 7308 — perfiles de hierro y acero, sospechosas de cambio de partida — y 24.000 a la partida 7604, correspondiente a perfiles de aluminio).
De ese total, más de 3.000 toneladas presentan alto riesgo de subfacturación o reclasificación arancelaria, lo que equivale al 8% del mercado, valorado en 102 millones de dólares FOB (más 410 mil millones de pesos colombianos).
Más allá del volumen, lo alarmante es la magnitud de la distorsión en los precios: estas operaciones de alto riesgo reportaron un valor FOB de apenas 1,3 millones de dólares, pero al aplicar precios de referencia razonables, el valor real superaría los 12 millones.
“Las modalidades detectadas no son nuevas ni aisladas; son parte de una lógica criminal, en la que cada control cierra una puerta y el contrabando abre otra. El dumping, la subfacturación y la clasificación arancelaria incorrecta no operan por separado: son eslabones distintos de una misma cadena, que se activa con rapidez cuando se identifica una grieta en el sistema. Donde el dumping enfrenta barreras legales, aparece la subfacturación; donde los precios ya no pueden manipularse, se cambia de subpartida. Esa es la naturaleza del comercio ilegal: camuflarse, reinventarse y persistir”.
La primera modalidad identificada consiste en declarar perfiles de aluminio en otras partidas arancelarias, lo que reduce la carga impositiva y debilita la fiscalización. Buenaventura fue la principal aduana involucrada en esta práctica, con más de 3.200 toneladas en riesgo durante el periodo analizado, lo que refleja un patrón sostenido en el tiempo.
La segunda modalidad es más directa: la subfacturación dentro de la subpartida correcta, donde los precios reportados llegaron a estar hasta 14 veces por debajo del umbral razonable. Esta práctica se concentró en un 90% en la aduana de Buenaventura. La magnitud de la diferencia no deja dudas: los valores FOB declarados se alejan tanto de los precios de mercado que resulta evidente la intención de evadir tanto medidas antidumping como tributos.
El aluminio es sólo la punta del iceberg. La inmensidad del contrabando y el comercio ilegal “quiebran” moralmente, físicamente y financieramente al país. Si se pudiera priorizar una sola acción frente a estos flagelos, esta sería el impulso de los mecanismos de cooperación público-privada, impulsados tanto por DIAN y POLFA, así como Strategos BIP.
“La criminalidad sí está organizada. ¿Y nosotros?”, concluye el informe de Strategos BIP.
Las autoridades han reforzado su seguimiento al contrabando de aluminio en Colombia. Sin embargo, esta actividad ilegal crece a pasos agigantados en departamentos como Valle, Antioquia y Quindío. Son más de tres mil toneladas de perfiles de este material los que entran mensualmente al país.
