RONRONEOS | WILLIAM LÓPEZ / EDITOR
Los vecinos del barrio San Nicolás, de Cali, no quieren volver a oír los gritos desesperados de policías y comerciantes cada que se dan a la fuga los reclusos del Centro de Aislamiento Transitorio -CAT, ubicado en la carrera 6ª N° 21-77 de la capital vallecaucana.
“Esto es pan de cada día”, asegura la residente Argenis Rojas, quien se encuentra molesta y asustada porque a cada rato le toca entrarse a la carrera y dejar su puesto de dulces tirado sobre el andén. “Aquí de un momento a otro se oyen sirenas, gritos de ‘cójanlo’, se ven policías corriendo con el revólver en la mano, comerciantes bajando las rejas de sus negocios y personas buscando refugio donde sea para que no las cojan de rehenes”, cuenta Argenis.
El problema no es de ahora. Inició en julio del año 2020 cuando la Alcaldía de Cali destinó $450 millones para adecuar una vieja casona como centro de reclusión y descongestionar las estaciones de policía y la antigua estación del ferrocarril, habilitando celdas, dormitorios, oficinas, garitas, baños, duchas y sanitarios para albergar un promedio de 150 personas.
La estadística se desbordó. En la actualidad -abril de 2026- conviven 483 detenidos, lo que representa un hacinamiento de más del 300%, lo que prendió las alarmas del Personero Distrital, Gerardo Mendoza; el concejal Roberto Ortiz; el defensor regional del pueblo en el Valle del Cauca, Gerson Alejandro Vergara y la comunidad.
Coinciden los funcionarios en que se debe hacer respetar el mandato de la Corte Constitucional de trasladar las personas condenadas a centros penitenciarios, dado que este es un lugar transitorio donde se ha comprobado retención irregular de condenados, daños a viviendas por fugas en los últimos 6 años, cierre de vías que afectan la economía y grave deterioro de la calidad de vida de las personas de este sector.
Según el Personero Mendoza Castrillón, hay que apostar a soluciones conjuntas debido a las sucesivas problemáticas que se vienen registrando tanto en el Centro de Detención Transitorio de San Nicolás, como en estaciones de Policía, por hacinamiento, posibles fugas o actos de violencia, sumado a constantes solicitudes de la comunidad, que se ve perjudicada por hechos de esta clase.
La Personería Distrital convocará a una mesa de diálogo con la Secretaría de Seguridad y Justicia, la Policía Metropolitana y la comunidad, para analizar diversas salidas que lleven al orden y a los controles a que haya lugar, aunado a conclusiones donde no se vea afectada la población civil.
“Entendemos cualquier situación de zozobra que tenga la comunidad, por tanto, es claro que se realicen los controles necesarios, los cuales consideramos vitales para el buen ejercicio y cuidado de las personas privadas de la libertad en centros transitorios que paulatinamente se han venido tornando en permanentes, así como de quienes conviven en los alrededores”.
Para el concejal Ortiz, hechos como los sucedidos el pasado mes de marzo, donde en dos ocasiones hubo alertas; uno el 10, cuando se dio a la fuga un sindicado de violencia intrafamiliar, y luego el 23, cuando en un operativo conjunto entre la Policía y la Personería, se incautaron dosis de sustancias psicoactivas y material para su comercialización dentro del lugar. El hallazgo dejó en evidencia posibles redes de distribución internas y encendió aún más las alarmas sobre el control institucional en estos espacios.
Al Defensor del Pueblo, Gerson Vergara, no dejan de preocuparle las enfermedades que conlleva vivir con muchas patologías diferentes. El representante del Ministerio Público ha sido testigo de casos de tuberculosis, sífilis, VIH, Covid y otras enfermedades respiratorias de alto contagio.
“Este es un problema que dejó de ser temporal. A esta preocupación se suma otro factor que inquieta a la comunidad: el hacinamiento y el uso prolongado de estos centros, que fueron concebidos para estancias cortas, pero que en la práctica terminan albergando personas con líos judiciales por periodos extendidos.
Y aunque la Policía Metropolitana de Santiago de Cali dispone de seguridad en la zona 24/7, con relevos de tres turnos al día y cierre de las vías aledañas, es algo que incomoda a la comunidad por sentirse afectada en su libre desplazamiento peatonal y vehicular, lo que en últimas significa una merma de la actividad comercial.
“Concluyó la Semana Santa y esperamos que la Alcaldía y la Personería tengan tiempo para hacer la convocatoria a la comunidad, lo más pronto posible, pues necesitamos que trasladen a los presos que están allí a la cárcel de Villa Hermosa, a la de Jamundí o las de otros departamentos porque como el nombre lo dice: ‘Centro de Aislamiento Transitorio’ y hay retenidos que llevan 1 y 2 años sin que les definan su situación”, anotó el veedor ciudadano José María Gómez.
