A José Ignacio Arango lo buscan incluso cuando no está. Hombres armados han preguntado por él en negocios cercanos a su casa y a la de sus familiares. Su nombre ha circulado en listas de operaciones de bandas criminales conocidas como “plan pistola” y ha sido declarado objetivo militar. Desde hace dos años, vivir y ejercer el periodismo en Cúcuta implica para él moverse con escoltas, esconderse por temporadas y medir cada rutina cotidiana como si fuera un riesgo.
José Ignacio es director del medio Noticias Cúcuta 75 y, por segundo año consecutivo, el periodista más amenazado de Colombia. En 2024 recibió ocho amenazas; en 2025, diez más. Pero su historia no se explica solo por ese conteo. Desde 2024 ha sido víctima de 32 agresiones que incluyen seguimientos, acoso, obstrucción a su labor periodística y desplazamiento forzado. De todas estas, las amenazas —constantes, explícitas y violentas— han sido las que han alterado su vida personal y su ejercicio profesional de manera más profunda.
Su caso no es una excepción. En 2025, las amenazas fueron la agresión más frecuente contra la prensa en Colombia. La FLIP registró 192 casos, que representan el 41% del total de ataques documentados durante el año. Más de un centenar de periodistas fueron intimidados en 29 de los 32 departamentos del país. Una vez más, Norte de Santander se ubicó entre los territorios con mayor número de amenazas. La mayoría de las intimidaciones que ha recibido José Ignacio no han sido abstractas ni anónimas.
El 78% provino de bandas criminales que operan en Cúcuta, entre ellas ‘AK-47’, ‘La Familia P’, ‘Los Manzaneros’ y ‘Los Hombres X’. Además de mensajes en redes sociales y plataformas digitales, el periodista ha recibido llamadas y videollamadas de cabecillas de estas estructuras —algunos recluidos en prisión— en las que le advierten que asesinarán a miembros de su familia si no detiene la publicación de sus investigaciones. Sus familiares también han sido seguidos y vigilados, extendiendo el miedo más allá del periodista y convirtiéndolo en una amenaza colectiva.
El impacto es cotidiano y devastador. “He dejado de compartir tranquilamente con mi familia, mis hijas y mis amigos por el miedo latente a que fueran atacados por los grupos delincuenciales que me persiguen”, cuenta. “He optado por alejarme y no frecuentar a mis seres cercanos para no ponerlos en riesgo. Antes de esta situación salía a la calle sin preocupaciones; ahora, llevo dos escoltas conmigo para protegerme o debo permanecer escondido debido a los ‘planes pistola’ que estos delincuentes organizan en mi contra”.
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
Las agresiones contra José Ignacio son una retaliación directa por su trabajo periodístico, en especial por el cubrimiento e investigación de operativos de la fuerza pública contra estructuras criminales y sus cabecillas, así como la cobertura constante de la crisis de seguridad en Cúcuta. Informar sobre la violencia terminó por exponerlo, de manera permanente, a ella.
Las amenazas también condicionan el ejercicio del periodismo. “A veces siento indignación al recibir ataques de grupos criminales, simplemente por informar la realidad que vive la ciudad, su área metropolitana y el departamento”, explica José Ignacio. “La ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes son los actores detrás de la violencia que nos azota, pero es ahí donde surge el dilema entre proteger mi integridad o seguir informando”.
Más allá de las cifras, el caso de José Ignacio Arango revela cómo las amenazas se han convertido en una forma cotidiana y eficaz de censura en Colombia. Un mecanismo que obliga a callar, a esconderse o, muchas veces, a elegir entre la vida y el derecho a informar.
