Cumplir con los objetivos de satisfacer las necesidades en materia de servicios públicos, educación, salud y, por supuesto, en seguridad, en Buenaventura se hace más complejo, si las administraciones hacen poco por incrementar los recursos propios para atenderlas.
El último periodo de Victor Hugo Vidal Piedrahita, investigado por los entes de control, entre otros, por contratación en educación, dejó, según el informe de Calidad de Vida en Buenaventura 2023, que solo $2 de cada $10 de los ingresos totales corresponden a ingresos propios.
Lo que fue consecuente, según el informe, en el articulado de “relación de ingresos propios con ingresos totales”, donde se evidenció “una delicada situación en las finanzas públicas, entre 2019 y 2023, “cuando pasamos del 34% al 20%, respectivamente”.
Con ese antecedente, contar en el periodo de Ligia del Carmen Córdoba, que la ciudad financieramente sigue el camino de no aumentar el recaudo de recursos propios hace pensar que cumplir con un plan de gobierno, aún pensado desde los resultados de los “Cómo Vamos”, no se ajusta a una realidad que sigue esperando resultados concretos.
Estos informes que son producto de las mismas respuestas que sobre sus gestiones ofrecen las entidades oficiales a cargo de la incidencia pública parecieran alinearse a una postura que desde el sector privado ha acuñado, el empresario caleño Óscar Isaza Benjumea, declarado por la revista Forbes Colombia como ‘el magnate de los puertos en Colombia’: “la verdadera vocación de Buenaventura es portuaria. La agroindustria, pesca y otras actividades no son de acá. Eso es paja”. En contadas ocasiones ha criticado la falta de voluntad política para mejorar condiciones de pobreza y abandono.
La inversión total por habitante para 2024 fue de $2.108.250, aumentó en 9,76% en relación con 2023, que registró $1.839.629; este valor corresponde a la inversión pública del Distrito por cada habitante. En los últimos años, la inversión total por habitante ha ido aumentando, lo cual no necesariamente se ve reflejado en el bienestar de los ciudadanos, es decir, en las acciones de la administración distrital por promover iniciativas que busquen este objetivo.
