Desde Tumaco hasta Buenaventura y desde Buenaventura hasta Juradó, los costaneros se encargan de la interconexión permanente entre espacios acuáticos: mar, ríos, costas, playas, estuarios, canales, bocanas, esteros, manglares y ambientes terrestres: pueblos, puertos, bosques y embarcaderos logrando mantener cierta seguridad alimentaria para resistir en el territorio y mantener como un medio para establecer conexiones sociales, comerciales y afectivas.
El aumento del precio del ACPM (Aceite Combustible Para Motores) ha ejercido un impacto multifacético y desproporcionado en la economía de la Región Pacífica de Colombia, una zona caracterizada por su vasta riqueza natural y una profunda heterogeneidad económica.
Sin embargo, la política de ajuste de precios ha sido considerablemente más cautelosa en comparación con la gasolina. Aunque el déficit del ACPM llegó a representar el 75% del déficit total del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC, en 2023, los ajustes han sido modestos.
Esta discrepancia no es un error, sino una decisión estratégica. El diésel es el combustible fundamental para el transporte de carga y pasajeros, un sector con el poder de paralizar la economía nacional. El gobierno ha priorizado la estabilidad de este sector sobre la corrección total e inmediata del déficit del FEPC para este combustible, reconociendo que el costo social y económico de un paro de transportadores se percibe como aún mayor que el costo fiscal del déficit.
Los ajustes de precios han sido objeto de negociaciones directas con los gremios de transporte. A partir del 1 de enero de 2025, el precio del diésel se ajustó a $10,725 por galón en Bogotá, como resultado de estas negociaciones, lo que representó un incremento de $175 sobre el precio promedio del mes anterior. Se anticipa que seguirán produciéndose otros incrementos, dado que el déficit por este combustible superaría los $11.5 billones en 2024, según proyecciones del Ministerio de Hacienda.
La Región Pacífica de Colombia, que comprende los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño tiene una gran dependencia en su estructura económica de la alteración en los costos de transporte y el alza del ACPM tiene un efecto inmediato y significativo en la producción y el comercio.
Sin embargo, el impacto no es uniforme. El Valle del Cauca, como centro industrial, sufre los efectos a nivel de costos logísticos para la manufactura y el comercio. Chocó, con una economía formal débil, experimenta las consecuencias principalmente en el transporte de bienes básicos y, de forma más crítica, en la viabilidad de las actividades ilegales que dominan su estructura económica.
Este contraste fundamental demuestra que una única política de precios del combustible no puede abordar de manera efectiva las necesidades de cada departamento sin generar efectos colaterales no deseados.
Los combustibles representan una parte sustancial de los gastos operativos de las empresas transportadoras, por lo que un alza en el precio se traduce inmediatamente en un aumento de los costos por kilómetro recorrido y, en consecuencia, en una reducción de sus márgenes de ganancia.
La inflación, impulsada en gran medida por los costos del transporte, golpea con mayor fuerza a los hogares de ingresos bajos y vulnerables. Según el DANE, en diciembre de 2022, la variación anual del IPC para los hogares pobres fue de 14.92%, mientras que para los de ingresos altos fue de 11.52%, lo que representa una brecha de casi 4 puntos porcentuales.
El 31 de agosto del 2024, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que el precio del galón de Acpm subió $1.904, situándose en un promedio de $11.360, después de permanecer congelado duran-te 56 meses. Antes su precio era $9.456.
El ministro explicó que el aumento es necesario para equilibrar las finanzas y cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc), que ha acumulado un costo de aproximadamente $115 billones en 2024 debido al subsidio al diésel.
El próximo ajuste, según el acta de compromiso firmada por el gobierno Nacional y las bases del transporte de carga y pasajeros, será de $400 por galón y se hará efectivo a partir del primero de diciembre de 2024.
Por su parte, Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga, destacó que la medida afecta principalmente a pequeños empresarios, que representan el 80% de los propietarios de vehículos de carga en Colombia.
Según la Dirección General Marítima – DIMAR, hay 196 barcos costaneros de cabotaje autorizados para circular en el Pacífico, de estos 66 desarrollan actividades pesqueras y 93 actividades mixtas de transporte de pasajeros, mercancías y líquidos.
Entre 1999 y 2019, aumentaron en un 92% las frecuencias de viajes, pasando de 139 viajes en los que se transportaron 24.143,5 toneladas de carga en 1999, a 2.284 viajes en los que se movilizaron 5.128.799,68 toneladas en 2019. Además, entre 1999 y 2023 se movilizaron, usando las embarcaciones de cabotaje, 1.798.151 pasajeros en el Pacífico.
