6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 1985: LAS 28 HORAS EN QUE COLOMBIA OMITIÓ EL GRITO: “QUE CESE EL FUEGO”
RODRIGO VICTORIA BOTERO
Director
Uno de los documentos más notables sobre los hechos que han convulsionado a Colombia se encuentra registrado en el informe final de la Comisión de la Verdad, que en el capítulo sobre los hechos del Palacio de Justicia afirma el desarrollo del “grupo guerrillero” desde su origen hasta la toma del templo de la justicia, donde murieron, entre otros 101 colombianos, 11 magistrados de la Corte Suprema.
Para esta nota también hemos recurrido a los archivos de la Biblioteca Nacional de Colombia, la edición 184 de la revista Semana del 18 de noviembre de 1985 y el libro “Miércoles de Ceniza”, del periodista, docente y escritor Alejandro Cabezas Guerrero. Este último resume su obra como una “narración que recuerda los pormenores de quienes protagonizaron quizá la incursión armada más importante del siglo XX desarrollada por organización guerrillera alguna en Colombia, ejecutada entre los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en la ciudad de Bogotá y que conocemos como la toma y retoma del Palacio de Justicia”.
Por su parte, la Biblioteca recopila: “Los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia trascendieron más allá de la toma guerrillera y retoma militar del edificio. Los silencios institucionales y sociales impuestos tras la tragedia impidieron durante años un conocimiento pleno de lo ocurrido, desconociendo la negligencia estatal y la profundidad de las violencias perpetradas. A decenas de familiares de víctimas y personas desaparecidas se les negó el acceso a la verdad sobre el paradero de sus seres queridos y las circunstancias de su desaparición o muerte”.
Una de las preguntas que sigue retumbando en las cuatro décadas que se conmemoran de una de las tragedias más sentidas en la historia de la violencia del país es: ¿qué razones llevaron al comando guerrillero al Palacio de Justicia?
La respuesta más repetida sobre los motivos del M-19 ha sido el posible nexo con el conocido jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Y esto casi quedó establecido según una comisión nombrada por Andrés Pastrana en el 2001 y el libro del lugarteniente de Pablo, John Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’, que afirmaron el pago de US$1 millón para que ingresaran y asesinaran a los magistrados ponentes de la extradición y quemaran los expedientes que reposaban en los archivos del edificio.
“Si queremos vivir y entregar vida a nuestros hijos, si creemos que vamos a allanar el camino hacia el futuro, entonces debemos, primero que todo, no olvidar”.
Profesor Ben Zion Dinur, Yad Vashem, 1956
Incluso, cuatro décadas después, dirigentes políticos recuerdan esta versión. Sin embargo, el hermano del capo dijo que ‘Popeye’ no tenía por qué enterarse de ello de primera mano porque fue aceptado en la organización hasta 1989.
Y en el libro del catedrático Cabezas Guerrero se lee que Jaime Bateman e Iván Ospina, nombrados por el jefe de sicarios como los comandantes que se fueron a refugiar donde Escobar después de los hechos del Palacio, habían fallecido antes.
“Con lo que no contaban Velásquez y la Comisión de la Verdad es que, para la época referida, ambos dirigentes guerrilleros ya habían muerto; Bateman en un accidente aéreo en las montañas de la Serranía del Darién el 28 de abril de 1983 y Ospina en combates con el ejército en la ciudad de Cali el 28 de agosto de 1985”.
De igual manera, en el libro “Miércoles de Ceniza” se sigue leyendo: “La razón fundamental que llevó al M-19 a tomarse el Palacio de Justicia consistió en la necesidad de denunciar la aparente responsabilidad del Gobierno Nacional frente a las distintas agresiones que, según la dirigencia guerrillera, violaban el Acuerdo de Cese al Fuego y Diálogo Nacional firmado el 24 de agosto de 1984 en el municipio de Corinto, Cauca”.
El M-19 nació en 1974 y su acto de presentación fue el robo o “sustracción de la espada del libertador Simón Bolívar”, de la Quinta de Bolívar, el 17 de enero.
Según Gustavo Petro, “podríamos decir que el M-19 en 1978 era un movimiento tupamaro. Nos organizábamos igual que ellos, y de su escuela militar aprendimos técnicas de guerrilla urbana que habían implementado en Montevideo”.
“La idea era, una vez tomado el Palacio, realizar un juicio popular al proceso de paz, obligando al presidente a defenderse y teniendo como testigo de excepción a la Corte Suprema. Atrincherarse en la sede de la Corte y el Consejo de Estado, dos de las instituciones más prestigiosas del país, tenía un gran valor simbólico desde el punto de vista político”.
Revista Semana
