No se concibe que un proyecto que solo traerá beneficios a los vallecaucanos y que cuenta con el apoyo de todos los sectores políticos, económicos y sociales del Departamento se vea empañado por denuncias y difamaciones sin sustento, que solo han servido para prender las alarmas del Gobierno Nacional, lo cual tiene en vilo la firma de las vigencias futuras que le corresponden a la Nación.
Los palos en la rueda no son de ahora. Se le han puesto desde el año 2019, fecha en la que se materializó la idea, solo que en la actualidad se tiene como plazo límite el 8 de noviembre de 2025, día en que entra en vigor la Ley de Garantías, para que el Gobierno Nacional se comprometa con las vigencias futuras para su financiación a través de la firma del documento Conpes que avale el giro de los recursos y no retrasar más un proyecto que debió iniciar en el año 2023 al tener listos todos los estudios de factibilidad.
Lo curioso es que protagonistas y antagonistas coinciden en que el proyecto se debe hacer, dado que cuenta con la aprobación de los recursos por parte de la Gobernación del Valle del Cauca con 14.62 % de vigencias futuras y las Alcaldías de Cali y Jamundí, con 14.6 % y 0.92 % respectivamente, a través de la Asamblea Departamental y los Concejos Distritales, quienes avalaron las vigencias futuras con la esperanza de que el Gobierno Nacional honre su palabra y el ente gestor, Sitren, inicie labores.
Sin embargo, sectores políticos afines al gobierno del presidente Gustavo Petro y otros de oposición a la gobernadora Dilian Francisca Toro, le han solicitado al Gobierno Nacional no desembolsar los $8.4 billones por tener dudas en el manejo que vayan a tener estos recursos, pues para ellos la transparencia e idoneidad de la actual gobernadora y el alcalde de Cali están en entredicho.
Según el Representante a la Cámara por el Partido Verde, Duvalier Sánchez Arango, entregarle $12 billones a la gobernadora es despertarle la codicia para que haga política en vísperas de elecciones. De allí su afán para que estos recursos se comprometan antes del 8 de noviembre, anotó. “No estoy en contra del Tren de Cercanías. Estoy en contra de que ella administre esos recursos”, puntualizó.
Las rencillas políticas y la desconfianza en la clase dirigente de la región nuevamente están descarrilando el proyecto vial más ambicioso para el Valle del Cauca: el Tren de Cercanías, que uniría a través de rieles las poblaciones de Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira, con una inversión cercana a los $12 billones, 70% de los cuales financiaría el Gobierno Nacional.
Para las concejales de Cali, Ana Leydi Erazo Ruiz y María del Carmen Londoño Sanna, del Pacto Histórico, el proyecto es necesario, viable y ejecutable, pero dudan de la transparencia en el manejo de los recursos ya que les parece sospechoso que tanto la gobernadora como el alcalde de Cali tengan tanto afán en que se les aprueben las vigencias futuras, quizá para feriar los recursos en favor de sus candidatos.
“Ha habido denuncias de que el alcalde de Cali está utilizando varias dependencias de su Administración para direccionar la contratación en favor de sus candidatos Juan Pablo Rojas Suárez y Juan Fernando Reyes Kury, lo cual fue denunciado ante la Procuraduría y la Fiscalía para que se adelanten las respectivas investigaciones, pues son recursos de ejecución inmediata y no para ejecutar en el año 2028, como lo quieren hacer creer”, aseguró la concejal Londoño Sanna.
Confianza ante desembolsos para 2028
Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto del Concejo de Cali, Fabio Alonso Arroyabe Botero, manifestó que la Corporación le aprobó al alcalde Alejandro Éder comprometer vigencias futuras por $1.7 billones para el Tren de Cercanías, como muestra de la confianza que se tiene en la Administración Distrital y en el proyecto, pues los dineros no llegarán sino hasta el año 2028 y empezarían contrataciones entre los años 2030 y 2038.
“El afán de que el presidente de la República se comprometa con la firma, es para comenzar a negociar con los presupuestos y precios de hoy. O sea, los únicos que dan recursos ahora son las Alcaldías y la Gobernación. El Gobierno Nacional no gira, sino que promete. Los caleños y los vallecaucanos ya cumplimos. Esperamos que lo haga el Gobierno Nacional”, puntualizó Arroyabe Botero.
Entretanto, la Asamblea Departamental también aprobó vigencias futuras por $1.7 billones a la Gobernación del Valle del Cauca y el Concejo de Jamundí se comprometió con una partida de $110.903 millones.
El Tren de Cercanías para el Valle del Cauca… ¡Que no se nos vaya el tren!, es la iniciativa en movilidad más ambiciosa, que beneficiará a los vallecaucanos de los municipios de Cali, Palmira, Jamundí y Yumbo.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, fue enfática en afirmar que el Tren de Cercanías es un proyecto muy importante para el desarrollo de la región y es para todos los vallecaucanos, no es una caja menor para los mandatarios de turno, sino un beneficio para las 14.500 personas que se emplearán durante su ejecución.
Mientras que la alcaldesa de Jamundí, Paola Andrea Castillo Gutiérrez, corroboró su compromiso y el de los miembros del Concejo para sacar adelante este proyecto y solicitó al presidente Gustavo Petro firmar el compromiso de las vigencias futuras de la Nación antes del 8 de noviembre para no tener que dilatar un proyecto que ha cumplido con los requisitos técnicos, estructurales, ambientales, legales y financieros.
Tanto los gremios de la región, como la bancada de congresistas vallecaucanos, se han mostrado preocupados por el ostracismo con el que el Gobierno Nacional viene manejando el tema del compromiso de las vigencias futuras, ya que la Ley de Garantías impide mover recursos y suscribir convenios públicos.
En carta dirigida al mandatario de los colombianos, los vallecaucanos pidieron que no los deje el tren. “Que sea una causa compartida, una decisión que transcienda partidos y gobiernos. ¡Que no se nos vaya el tren!, es la iniciativa en movilidad más ambiciosa, que beneficiará a los vallecaucanos de los municipios de Cali, Palmira, Jamundí y Yumbo.
De no firmarse ahora, los recursos habría que gestionarlos entre mayo y junio de 2026, sometiendo al Departamento a prolongar la espera por dos o tres años más, y la idea es continuar con el cronograma estipulado para que en febrero de 2026 se abra el proceso de licitación con adjudicación del concesionario en agosto de ese mismo año”, manifestaron los gremios.
Y mientras las acusaciones van y vienen, el ‘vallecaucanibalismo’ se acentúa, la desconfianza crece y el proyecto agoniza, tal como ha sucedido con el dragado del puerto de Buenaventura, la planta regasificadora, la vía Mulaló – Loboguerrero y el tren del Pacífico.
La desunión de los vallecaucanos, tanto en sus bancadas como en sus gremios y sectores políticos, ha sido la excusa perfecta para que el Gobierno se lave las manos y se haya limitado a decir, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, que el Tren de Cercanías será una realidad, pero no ha habido ningún compromiso firmado, ni se han precisado fechas y mucho menos se ha expedido un documento oficial que avale la cofinanciación del 70 %.
Tramo Cali – Jamundí, el priorizado
El tramo Cali – Jamundí cuenta con 23.14 kilómetros de longitud, a lo largo de los cuales habrá 21 estaciones para movilizar un estimado de 51.8 millones de pasajeros anualmente, con intervalo de 6 a 7 minutos, provenientes de las comunas 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17 y 22 de Cali, y su zona rural de sectores como La Viga y La María. Mientras que en Jamundí se abarcarán las áreas urbanas y de expansión, así como la ruralidad de El Peón, San Isidro y Potreritos.
En cuanto a su costo, se cobrará la misma tarifa del MIO en Cali y del transporte intermunicipal en las regiones. Serán trenes eléctricos sencillos de 1.000 pasajeros, que pueden acoplarse entre sí, dotados de aire acondicionado, que rodarán por siete tramos urbanos y suburbanos en los que habrá dos viaductos férreos: uno de 340 metros y otro de 215 metros de longitud, atravesando diez puentes sobre los cauces de los ríos Cali, Meléndez y Lili y el Canal Sur, con 54 intersecciones, tres de ellas a desnivel y 39 con prioridad semafórica.
Este sistema tendrá un ahorro de emisiones atmosféricas, en las que se ahorrará un promedio de 313.000 toneladas de dióxido de carbono evitadas durante los primeros diez años de operación del proyecto. Con su implementación se ahorran tiempos de viaje, disminuyendo un promedio de 33 % de Cali a Jamundí en tan solo 24 minutos.
Para atender los cauces hídricos que se interceptan con el sistema vial férreo habrá una estructura tipo Box Culvert, así como 34 coberturas de terreno y 51 estructuras para protección de redes.
El tramo 1 va de la Estación del Ferrocarril hasta la galería Santa Elena.
El tramo 2 va de la galería de Santa Elena al barrio El Guabal.
El tramo 3 va del barrio El Guabal a la Estación Simón Bolívar del MIO.
El tramo 4 va de la Estación Universidad del Valle a la Universidad Autónoma de Occidente.
El tramo 5 va de la Universidad Autónoma de Occidente a Villa Fátima.
El tramo 6 va de Villa Fátima a La Viga.
El tramo 7 va de los patios de talleres de La Viga hasta Jamundí.
Para la movilidad peatonal se cuenta con un andén central de 7 a 13.9 metros de ancho, con capacidad de 2.000 a 20.000 peatones que podrán desplazarse a lo largo de corredores de 134.8 a 212 metros, con ascensos y descensos en horas pico.
El patio taller tendrá 18 hectáreas, con edificaciones en las que funcionarán bodegas, oficina de administración, mantenimiento de vías ferroviarias, talleres, portería, acceso de trenes, vías vehiculares, cuartos técnicos, puesto de mando, patio taller, zona de parqueo, playas de maniobra, entre otros.
Todo está listo. El gobierno departamental y los gobiernos distritales han cumplido todos los requisitos de ley. Solo falta el documento que avale la cofinanciación de la Nación, que se espera llegue antes del 8 de noviembre, para que el Valle del Cauca progrese al compás del cha cha cha.
